La desafiante y, sobre todo, desconcertante estrategia de Donald Trump ha sacudido Europa en muchos aspectos. Y en el ámbito financiero es susceptible de tener por respuesta que se edifique el sistema común para los pagos que lleva décadas sobre la mesa como asignatura pendiente. Por un lado, el Banco Central Europeo (BCE) apremia la acuñación del euro digital y, por otro, la banca parece haber orillado rivalidades o distintos puntos de vista para empujar el esquema privado común.
El argumento troncal para ambos proyectos es calcado: urge una solución que dé soberanía y autonomía en los pagos frente a alta dependencia de colosos externos, en su mayoría originarios de Estados Unidos y China. Se trata de una servidumbre que además va a más, al estar precipitándose la penetración en los abonos digitales.
Aunque el dinero contante y sonante se encuentra todavía detrás del 39% de los pagos (estimado sobre el volumen de los importes), el 46% de las transacciones se ejecutan con tarjetas, el 7% con aplicaciones móviles y un 8% por otros sistemas, distintos siempre al tradicional cash. Casi el 70% de las operaciones con tarjetas pasan por los gigantes Visa y MasterCard y la mayor parte de las app móviles tienen detrás a PayPal, Alipay, Google Pay, Apple Pay, etc.
La preocupación no se cimenta tanto en que los esquemas externos vehiculen gran parte de las transacciones, sino por razones de seguridad económica, financiera y política, porque imponen las reglas. Su dominio se ha manifestado con claridad en episodios como la guerra de Irán, cuando se cortó el sistema de mensajería Swift que permite realizar las transacciones económicas internacionales de manera automática y rápida para presionar al país; y que se ha vuelto a utilizar con Rusia como fórmula de presión contra la invasión a Ucrania. Se trata de un instrumento clave de gran influencia para EEUU a la hora de sancionar a los países y su restablecimiento es, de hecho, una de las exigencias del Kremlin para detener los ataques en el mar Negro.
Lograr la soberanía frente a las infraestructuras críticas internacionales significa tener el control sobre eventuales instrucciones de limitación en la operativa, pudiendo intervenir en función de los intereses del continente, y también para evitar o poder gestionar una interrupción del servicio si, sobre todo, sufren ciberataques. Ninguna infraestructura crítica es ajena a dichas vulnerabilidades, pero el riesgo se exacerba en un escenario de conflicto como el actual.
El BCE, firme defensor desde siempre de un coloso europeo de pagos, ha elevado el tono sobre esa urgencia y en la acuñación del euro digital. Sería una forma de dinero digital respaldada por la autoridad monetaria y diseñada para garantizar esos pagos digitales de forma efectiva, más rápida y sin sustituir a los métodos existentes -en efectivo y digitales-. Se plantea con el uso más universal posible: para pagos nacionales y europeos, entre personas, en comercio físico y electrónico, vía conexión telemática e, incluso, con una función de monedero que permita su uso en zonas sin dicha cobertura.
En su defensa se argumenta que abaratará sustancialmente los pagos al quitar de la ecuación a operadores internacionales y que garantizará mejor que otro la inclusión financiera, además de fortalecer al euro como divisa internacional. El proyecto fue puesto bajo análisis en 2020 y el organismo que lidera Christine Lagarde decidirá en noviembre si finalmente se adopta. Quedaría después pendiente su regulación y tender las infraestructuras, aunque su intención es apalancarse en esquemas y procesadores existentes.
En España, la banca ya ha postulado a Bizum como potencial "rail", y no solo. La gran banca europea ha trabajado en los últimos años en dos grandes esquemas de pagos basados en las transferencias instantáneas: el consorcio donde Bizum y sus gemelos de Italia (Bancomat Pay) y Portugal (SIBS) han tomado la avanzadilla con su conexión; y Wero, aplicación desarrollada por las grandes entidades de Francia, Alemania y Bélgica.
Hasta hace unos meses la ambición de ambos era capitanear la construcción del gran sistema, casi rivalizando. Pero algo cambia y la Iniciativa de Pagos Europea (EPI, por sus siglas en inglés) que ha impulsado Wero instaba hace escasos días a otros esquemas a unir fuerzas con su interconexión. Bizum y la iniciativa EuroPA (European Payments Alliance) en la que participa recogieron el guante felicitándose de que a Wero le convenza ahora gestar el esquema vía interconexión como ellos buscan desde siempre y no a través de un único desarrollo.
Su construcción, si hay entendimiento, podría acelerar la consecución del sistema ambicionado y completar al euro digital. Aunque hay también detractores sobre el proyecto del BCE que abogan por una solución solo privada. Entre otros peros, alegan el riesgo de que una buena acogida del euro digital animase a los ciudadanos a llevar a su billetera depósitos antes alojados en la banca comercial, aunque el BCE avanzó que se limitaría a 3.000 euros el disponible. Sus detractores apuntan que la regulación tendrá además que objetivar y definir, de acuñarse, los mecanismos para garantizar que no provoca distorsiones en la transmisión de la política monetaria si sus billeteras acaban rebosantes.
2025-04-25T04:27:01Z